Fiscalia acusa a pareja por coacción grave, extorsión agravada, proxenetismo y otros delitos

La fiscal Zunilda Ocampos Marín, de la Unidad Especializada Antisecuestro y Antiterrorismo, presentó acusación contra una pareja por la supuesta comisión de los hechos punible de coacción grave, proxenetismo, extorsión, extorsión agravada y asociación criminal. Los acusados están identificados como Rayis Yvanilda Ortiz Galeano (37) y Cristhian David Villalba Insaurralde (25).

Según la investigación fiscal, los acusados presuntamente se pusieron de acuerdo para cometer los diversos hechos punibles. Para el efecto, captaban a menores de edad (adolescentes) en estado de vulnerabilidad y bajo la promesa de sacarlas de la pobreza les concretaban citas con hombres para encuentros sexuales, a cambio de dinero. La mujer se encargaba de realizar los contactos a través del Facebook, haciéndose pasar por «Yani Chulinita Lovera» (nombre ficticio) y el hombre extorsionaba, diciendo que era agente fiscal.

Cuando los interesados acordaban encontrarse con las menores, eran seguidos por los sindicados, en un automóvil Toyota Auris, de color rojo, sin chapa. Éstos tomaban fotografías del momento en que las chicas abordaban los vehículos de sus clientes, también cuando ingresaban a los moteles y a la salida de estos lugares.

Después, los supuestos extorsionadores enviaban estas imágenes a las víctimas, haciéndose pasar por representantes del Ministerio Público y con amenazas y serios constreñimientos les sacaban importantes sumas de dinero.

Una de las víctimas de la pareja fue un camionero brasileño, identificado con las iniciales L.P. Según datos, el 27 de setiembre de 2021, el extranjero había acordado el encuentro con una joven, sin saber que era menor de edad, y a la salida del motel en una camioneta fue retenido por cuatro policías de la comisaría 6ª de Presidente Franco.

Los agentes presumiblemente exigieron el pago de 4 mil reales porque el citado  estaba con una menor de edad o de lo contrario amenazaron que lo llevarían aprehendido y comunicarían el hecho a la Fiscalía. El hombre se vio obligado a pagar el monto exigido por los uniformados, según refiere la acusación fiscal.

A partir del día siguiente, es decir el 28 de setiembre, el brasileño comenzó a ser extorsionado por Villalba Insaurralde, quien se hacía pasar por agente fiscal, y le exigió el pago de 20.000 reales. Al final acordaron el pago de 18.000 reales.

Sin embargo, la víctima radicó la denuncia el 30 de setiembre y a partir de allí, la agente fiscal Zunilda Ocampos inició la investigación hasta identificar a los dos presuntos extorsionadores, que finalmente fueron imputados.   Igualmente, los policías implicados en la presunta extorsión fueron individualizados y privados de libertad, siendo también procesados, en otra causa penal.

El requerimiento conclusivo presentado por la fiscal Zunilda Ocampos recayó en  el Juzgado de Garantías de Presidente Franco, a cargo de la magistrada Carina Frutos Recalde. La representación pública requirió la elevación de la causa a juicio oral.